El Consejo de Ministros ha aprobado la remisión a las Cortes Generales del Proyecto de Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, cuyo principal objetivo es evitar que el sistema financiero español y otros operadores económicos puedan ser utilizados para fines delictivos. La nueva regulación, que incorpora a la normativa española el contenido de la Directiva europea, obligará a los diferentes agentes económicos a identificar a sus clientes, detectar y comunicar operaciones sospechosas y abstenerse de realizar las que pudieran servir para blanquear dinero. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias será el órgano responsable de la coordinación de la política de prevención en la Unión Europea. Al mismo tiempo, se reforzará la función contra el blanqueo del Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la DGSFP.
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